Un juzgado de Vitoria tiene ya la denuncia hecha por los padres de Anne Ganuza Castellano, la niña de La Puebla de Arganzón de tres años y medio que falleció el pasado día 17, denuncia en la que se solicita que se investigue si hubo algún tipo de delito en la atención prestada tanto por Osakidetza como por Sacyl a la pequeña en los días previos a su muerte así como en la misma jornada del 17, cuando el 112 del País Vasco optó por no enviar a La Puebla una ambulancia instando a la madre de la niña a que ésta fuera tratada por los facultativos del centro de salud de Condado de Treviño.
La denuncia, presentada en la sede judicial alavesa por una letrada de Vitoria contratada por los padres, ha recaído en el Juzgado número 4, y según fuentes judiciales consultadas por este periódico ayer por la mañana aún no había incoado las diligencias. En la denuncia hecha por los progenitores de la niña se incluyen varios informes médicos emitidos por Osakidetza (el servicio vasco de salud), referidos tanto a la atención prestada en el hospital de Txagorritxu de Vitoria horas antes del fallecimiento, como al ingreso ya en la mañana del día 17, tras ser llevada por sus padres desde La Puebla de Arganzón al centro hospitalario, donde fallecería minutos después por una sepsis, una infección violenta y agresiva, secundaria a la varicela que padecía la niña.
Se entiende que en la intervención sanitaria dada a la pequeña pudo haber una «imprudencia grave con resultado de muerte» por parte de todos o algunos de los intervinientes en la asistencia a la menor. Un tipo de delito recogido en el Código Penal y castigado con entre 1 y 4 años de cárcel además de penas de inhabilitación para el ejercicio profesional.
Es por lo tanto una denuncia genérica, es decir, que apunta como posibles responsables a la atención generalizada prestada por los servicios de salud tanto del País Vasco como de Castilla y León, y por ello habla del personal del servicio de urgencias de Treviño que atendió a la niña el 15 de marzo, del personal de Txagorritxu que atendió a la niña al 16 de marzo y del personal del 112 que atendió la llamada en la mañana del día 17, que fue cuando se optó por no enviar una ambulancia desde Vitoria pidiendo a la madre que se pusiera en contacto con la médico de guardia de Treviño.
Aunque en la denuncia se incluyen a los dos servicios regionales de salud, el caso se llevará en principio de forma exclusiva en Vitoria al haber fallecido allí la niña, aunque el órgano judicial debe investigar toda la intervención al margen de que haya podido haber comisión de delitos en los dos territorios diferentes.
El que sí se ha inhibido -lo hizo ayer mismo- es el fiscal superior del País Vasco, que abrió diligencias la semana pasada tras la denuncia hecha ante él por el Defensor del Paciente. Ahora, llegado el caso a través de la denuncia de la familia a un juzgado alavés, el fiscal superior da traslado del caso a la Fiscalía de Álava, que es la que deberá proseguir con el caso y determinar su hay o no acusación por la presunta comisión de algún delito.
Además de conocer la versión de los padres, habrá que analizar el resultado de la investigación abierta por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que el pasado martes se comprometía a detallar las atenciones realizadas «tanto desde el Centro Coordinador de Emergencias como las llevadas a cabo en el Hospital Universitario de Araba». Para ello hoy el consejero vasco de Salud, Jon Darpón, va a compadecer en una comisión en el Parlamento Vasco, aunque también debe enviar toda la documentación al Juzgado en el que se lleva el caso.
Habrá que dilucidar si la muerte de la niña pudo evitarse o no, si existió algún tipo de desatención, y si como se plantea en la denuncia pudo haber una imprudencia grave en alguno o varias de las intervenciones sanitarias.