A las nueve y media de la mañana de hoy el presidente del Partido Popular de Burgos, César Rico, ya habrá pedido públicamente la «inmediata dimisión del concejal Eduardo Villanueva». Así lo avanzó ayer una escueta nota del PP, que abrochaba una secuencia de acontecimientos que se catalizaron a las cuatro y media de la tarde. A esa hora, con la sala de prensa del Ayuntamiento a rebosar, el aludido se personó con una amplia sonrisa para leer un discurso de tres folios con el que se sacudió toda la responsabilidad en los extraños acontecimientos relacionados con el duplicado de una tarjeta municipal y la desorbitada facturación que produjo entre diciembre de 2010 y mayo de 2011.

Basó su defensa en los informes técnicos terminados ayer y que, a su juicio, demostraban que «jamás» hizo un mal uso de las líneas municipales, que todo lo sucedido obedece a un «error» de la compañía (que la compañía sigue negando), que su actuación con el duplicado «no tendrá prejuicio para las arcas públicas» y que «en política no vale todo».

Lo remató diciendo que «lo siento por los que esperaban que en esta declaración presentara mi dimisión porque no lo voy a hacer, entre otras cosas porque sería reconocer unos hechos que no son verdad». Su autodefensa la apuntaló en una interpretación personal de los informes (ver la comparación bajo estas líneas).

Estuvo solo porque ningún miembro del equipo de Gobierno quiso comparecer junto a él. Tras sortear parte de las preguntas de los periodistas, Villanueva se dirigió a la Comisión Extraordinaria de Hacienda y Nuevas Tecnologías, donde todos los grupos municipales pudieron hacer preguntas, descubriendo que en los informes se ha obviado información crucial en el caso (ver página 9).

Pero si en la comisión extraordinaria se añadió más oscuridad a lo sucedido, en la propia comparecencia del concejal suspendido también se alimentó un fuego que se mostró imparable a última hora de la tarde en la sede del PP de la calle Calzadas. Villanueva aludió a que Ibáñez, Blasco, De Foronda y el propio alcalde, Javier Lacalle, también usan duplicados de tarjetas para disponer de varios terminales. Lo que no dijo es que esas cuatro personas tienen copia de su propia línea, no la de un departamento municipal.

No gustó nada ese argumento entre los aludidos que, salvo una excepción, dejaron de creer a su todavía compañero de filas varios días atrás, especialmente cuando el portavoz del equipo de Gobierno tuvo que asumir que era verdad, en contra de lo sostenido la semana anterior, que un corporativo fuera el usuario, y por tanto el responsable, del ingente consumo registrado y facturado en la línea de Villanueva. Por cierto que el edil reconoció que, de las cuatro tarjetas vinculadas al mismo número, tres estaban en su poder. Tres.

Y, por último, quemó mucho a numerosos miembros del Partido que Villanueva no dimitiera, amén de enrocarse afirmando públicamente cosas como que utilizaba la tarjeta municipal en su ordenador personal. Tal era el nivel de tensión mientras el exresponsable de Nuevas Tecnologías se aferraba a su inocencia, que la expectación se elevaba entre las bases del PP como entre las de cualquier otro partido. Las críticas a su actuación en las últimas semanas por parte de la militancia no son ningún secreto a estas alturas del caso.

Y si no, ¿qué?

Pero la contundencia de Rico, que no se ha manifestado hasta conocer los informes pero lo hizo tres horas después de saber la explicación del concejal, no se limita a una mera declaración de distancia. Si Villanueva no hiciera efectiva su dimisión hoy mismo, el alcalde, Javier Lacalle, firmaría un decreto para despojarle de todas sus atribuciones municipales y el paso siguiente sería enviarle a un Grupo Mixto con un solo integrante: él.

De momento, a las nueve de esta mañana se celebra la reunión semanal de la Junta de Gobierno, de la que Villanueva forma parte, y es en ese escenario donde se podría vivir el penúltimo capítulo de una historia que ha alcanzado incluso las cabeceras de los informativos nacionales.

Tal ha sido el calado del suceso que ha conseguido poner de acuerdo a populares y socialistas en, al menos, una cosa: Villanueva debe abandonar el Ayuntamiento.

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Luis Escribano, la petición de dimisión, que hizo ayer mismo, se basa en que «es claro que solicitó una copia de una tarjeta que nunca debió hacerse y que, de no haberse hecho, no propiciaría todo lo que ha venido después» y en que «el uso que se ha hecho de la copia es de carácter privado (la mayor explicación que dio el ‘investigado’ sobre este particular es que hacía copias de seguridad de sus archivos con frecuencia)». Pero, además, Escribano, que dejó claro que si alguien tiene que dimitir debe ser él (por Villanueva), también reclamó que su grupo seguirá reclamando cuanta información sea posible acumular sobre el caso y que se sepa exactamente en qué o para qué se produjo el consumo de datos que, en el último año, alcanza más de tres terabytes.

«Por la falta de control»

Por su parte, Roberto Alonso reclamaba por la mañana que este caso «no se cierre en falso como se cerró el caso Espolón» y que, pese a no ser el único, «es paradigmático de la falta de control de la gestión» del equipo de Gobierno municipal. El portavoz de UPyD vaticinó lo que iba a ocurrir por la tarde.«No esperamos que ese esclarezca nada más allá de los datos publicados. No se va a aclarar en que se ha usado... Solo la Fiscalía puede pedir esos datos a Telefónica», añadió para mostrar su sorpresa porque el Ministerio Público aún no haya intervenido de oficio «en un caso de tanta alarma social», añadió.

A Lacalle y a Ibáñez no les pide que dimitan, porque «un error de gestión y de control lo podemos tener cualquiera, pero sí que den la cara, digan que se ha equivocado y hagan propósito de enmienda», concluyó.