Por amor se hacen muchas locuras pero algunas pueden salir caras. Un ejemplo es lo sucedido en las pruebas para cubrir 10 plazas de auxiliar de producción laboral fijo en la Fábrica de la Moneda y Timbre de Burgos. Comisiones Obreras ha echado a un delegado sindical por filtrar el examen teórico eliminatorio a su novia. El representante de los trabajadores formaba parte del tribunal examinador.

La Fábrica de la Moneda realizó el anuncio de la convocatoria el 31 de mayo y publicó las bases. El proceso selectivo se componía de dos fases: una de oposición y eliminatoria consistente en la contestación de un cuestionario sobre un temario y otra de concurso de méritos.

La primera se llevó a cabo el 9 de noviembre en la Facultad de Ciencias Empresariales de la UBU. De los 800 inscritos, concurrieron 530. Una vez corregidas las pruebas, los resultados se dieron a conocer el día 14. Fue en ese momento cuando llamó la atención la elevada nota de una de las aspirantes, un 9,5, la única que superó el 9. La siguiente mejor nota fue un 8,7 y también hubo varios 8,1. También se registraron notas muy bajas, que según algunos participantes en el proceso pudieron deberse a la falta de tiempo para completar todo el cuestionario.

Las comprobaciones realizadas determinaron que el delegado sindical y miembro del tribunal tenía «relación» con esta aspirante, lo que es un motivo de incompatibilidad. CCOO al tener conocimiento de este hecho exigió la dimisión a su representante y procedió a relevarle de su responsabilidad, según confirmó el secretario provincial, Ángel Citores. «Lo lógico es que si tenía relación con una aspirante a la prueba tenía que haber dejado de pertenecer al tribunal. Es terrible lo que ha sucedido. La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha actuado de forma rápida pidiéndole su dimisión y apartándole de todo cargo», señaló.

El sindicato emitió un comunicado en el seno de la Fábrica de la Moneda y Timbre en el que advirtió de que «no tolera ni consiente» que se pueda incumplir el régimen de incompatibilidades que afectan a toda la plantilla en todos los aspectos relacionados con el empleo público, demandando «la estricta observancia» del convenio colectivo de la FNMT y del Estatuto Básico del Empleado Público.

También sugiere que el tribunal designado deberá analizar si el proceso «ha quedado contaminado y requiere de la medida correctora adecuada que estime en función del análisis que haga y de lo que en casos como el sucedido pueda adoptarse». Y es que nadie garantiza que algún otro aspirante también pudiera conocer el cuestionario.

Paralelamente, recuerda que la dirección está obligada a poner en conocimiento de todas las personas que forman parte del sistema de promoción interna, de ingreso temporal o fijo lo relativo a incompatibilidades y garantías de que se cumplan los principios del acceso al empleo público, al tiempo que «rechaza y lamenta la actuación de su representante en el tribunal.

El hecho de que ahora a los aspirantes se les asigne un número de registro en lugar de señalarles con el nombre, apellidos y DNI complica su identificación para determinar su posible relación con miembros del tribunal.

El tribunal examinador de estas pruebas estaba presidido por Francisco Javier Gómez e integrado por los vocales Juan José Dirube, Juan León Galende, Carlos Andrés, Juan Antonio Cabornero, Nuria Antón, Diego Sastre y César Ayuso y el secretario Juan Carlos Corral.