El seguro agrario es un asunto espinoso. Se trata de una herramienta indispensable para garantizar la rentabilidad de muchas explotaciones agrarias, pero el considerable aumento de los siniestros en los últimos años está poniendo en entredicho la sostenibilidad del modelo actual. En este contexto, el Ministerio de Agricultura ha aprobado el 46º Plan de seguro Agrarios Combinados incrementando el presupuesto hasta los 315 millones de euros para el año 2025, un 10,7% más que en 2024, cuando se destinaron 284,5 millones de euros. Se trata de un montante que se destina a subvencionar las pólizas.
UPA ha hablado de avances y se ha congratulado por ese aumento en los fondos disponibles y también destaca que en 2025 habrá diferencia de ayudas atendiendo a la naturaleza del asegurado. «Tal y como exigíamos, habrá más ayudas para jóvenes, explotaciones prioritarias y agricultores profesionales», han destacado desde la organización, que cree que las ayudas deben incrementarse «aún más».
También aseguran que se está teniendo en cuenta lo firmado por UPA y Unión de Uniones con el ministro de Agricultura en el acuerdo de 43 medidas de apoyo al campo, ya que el nuevo Plan recoge las medidas 28 y 30 de ese pacto. En concreto, las que se refieren al aumento del apoyo al seguro agrario, especialmente entre los colectivos que son prioritarios. También incluye actuaciones para la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de seguros, así como la realización de diversos estudios con vistas a la incorporación de nuevas mejoras en futuros planes de seguros.
Además, según explica Agricultura, se incluye otra medida de gran importancia para los profesionales del sector: obtendrán una subvención mínima del Ministerio del 45% sobre el coste de la prima subvencionable cuando contraten el Módulo 3, que se elevará hasta el 50% cuando se contrate el Módulo 2, -el más completo y el más demandado por los asegurados-. Si tenemos en cuenta que el Módulo 1 ya cuenta con una subvención del 65%, los asegurados en estas tres modalidades de contratación podrán llegar a obtener el nivel máximo de subvención permitida por la normativa comunitaria -70%- si las comunidades autónomas complementan estas ayudas. En este punto, UPA pide a las comunidades que aprovechen el tramo autonómico. «Muchas de ellas aún quedan lejos del máximo legal y deben mostrar su compromiso con el campo y con la adaptación al cambio climático incrementando las ayudas», han concluido.
ASAJA, por su parte, ha exigido una reforma íntegra del actual sistema de seguros agrarios. Según los técnicos de la organización, las pólizas de contratación se han encarecido considerablemente, mientras han disminuido las coberturas y se han recortado las indemnizaciones. Todo ello ha provocado un descontento generalizado entre los agricultores y ganaderos. El sector critica el sistema actual por aprovecharse de la siniestralidad para hacer ajustes que implican subidas de tarifas a la vez que recortan garantías. Por ello, ASAJA reclama una reforma drástica en todas las líneas de seguros a fin de garantizar la renta de los agricultores y ganaderos ante inclemencias meteorológicas o enfermedades animales, fenómenos contra los cuales poco o nada se puede hacer.
La organización agraria ha lamentado la imposibilidad de los productores para asegurar el total de sus producciones o para estar cubiertos ante cualquier riesgo, ni si quiera contratando los seguros complementarios o garantías adicionales. Al contrario, se les penaliza incluyendo límites para asegurar al máximo sus producciones y se les obliga a asumir mayores porcentajes de pérdidas, más aún cuando han presentado varios partes por siniestros, aseguran. Como resultado, ante una catástrofe las indemnizaciones que reciben no cubren las pérdidas reales ni el lucro cesante por la falta de producción en las explotaciones, lo que está provocando que los agricultores y ganaderos se replanteen si continuar o abandonar la contratación de pólizas.
Siniestros extraordinarios.
El Ministerio ha querido destacar la importancia creciente que adquieren los seguros agrarios como instrumentos de gestión de riesgos, especialmente en un contexto de aumento de siniestralidad, como se viene observando en los últimos años. Gracias a los seguros agrarios, los productores que han contratado la correspondiente póliza y han sufrido siniestro perciben la indemnización correspondiente en un corto periodo de tiempo, inferior a los 30 días de media, lo que sin duda contribuye a la viabilidad de sus explotaciones agrarias.
Sin embargo, sobre el punto 27 de las 43 medidas, donde se habla de «desarrollar instrumentos para que la siniestralidad extraordinaria, provocada principalmente por el cambio climático, pueda ser cubierta mediante fondos complementarios a los establecidos para el sistema de seguros agrarios», nada ha dicho el Ministerio. Esta posibilidad se planteó con fuerza después de la DANA acaecida hace unas semanas en Valencia y en previsión de que este tipo de episodios puedan ser cada vez más frecuentes y devastadores.