El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cómodo y cuando la oposición y sus socios más reivindicativos quieren que se hable de sus demandas él las sitúa en un espacio de normalidad y diálogo. Nada parece turbarle y donde hay quien anuncia que llegará el caos económico, la disolución de España o la pérdida de voz en la política internacional, presenta la hoja de servicios del escudo social que ha defendido a la ciudadanía de la crisis, la desinflamación del expediente catalán y muestra su convicción de que la legislatura durará cuatro años a pesar de las amenazas de los independentistas catalanes de dejarle caer.
Pedro Sánchez tiene ya atados los votos necesarios para la aprobación del real decreto de prórroga y reforma de las medidas del escudo anticrisis en la que tiene que compaginar el mantenimiento de algunas medidas sociales -ayudas al transporte- con la retirada paulatina de otras -subida del IVA de la energía- o el mantenimiento -con condiciones- de los impuestos a las empresas energéticas y financieras. El Gobierno ha salvado mejor que en otras ocasiones el enfrentamiento interno entre Economía y Trabajo y ha pactado con unos y otros partidos vascos la inclusión de medidas que beneficiaban a sus intereses. Todo ello enmarcado en su deseo de consolidar las medidas progresistas de la anterior legislatura lo que suma el convencimiento de que se cumplirán los compromisos de consolidación fiscal exigidos por la Comisión Europea compatibilizado con el mantenimiento de las principales políticas sociales, de la revalorización conforme al IPC de las pensiones a la subida del SMI. "No hay dicotomía entre justicia social y desarrollo económico", afirmó en su comparecencia de fin de año en La Moncloa, para explicar sus proyectos de futuro más que para hacer balance del año.
Tan seguro está de su posición dominante que pasó por encima de las exigencias del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que en su mensaje navideño había situado el próximo año el límite para acordar sobre la celebración del referéndum de autodeterminación y lograr una financiación singular de Cataluña. "Nada nuevo bajo el sol", despachó Sánchez, que renunció a reiterar su posición sobre la soberanía catalana y derivó al diálogo multilateral la cuestión económica. Tampoco se hizo eco de las informaciones que apuntan a las exigencias el PP sobre la renovación del CGPJ, ni siquiera valoró su iniciativa de proponer un mediador en el diálogo, porque su deseo es "no perder la oportunidad" para alcanzar un acuerdo.
Con la misma firmeza, el presidente del Gobierno defendió la oposición a que la 'operación Atalanta', contra la piratería en el Índico, pueda ser utilizada en la defensa del comercio marítimo a través del Mar Rojo, y apoyó que se arme una nueva operación militar, para recordar a continuación que España es uno de los países europeos y de la OTAN que participa en un mayor número de operaciones militares, con tres mil soldados desplegados en el extranjero. Del mismo modo se sintió "reconocido" en el mensaje de Navidad del rey Felipe VI. La dureza y las mayores críticas se las reservó para denunciar la "polarización asimétrica" que practica la derecha con insultos y llamamientos al asedio de partidos debido a que no se cumplieron sus expectativas electorales.
Con un tono y una actitud menos soberbia que en otras ocasiones, Pedro Sánchez se permitió, no obstante, vulnerar una norma que los jefes del Ejecutivo guardan con celo, anunciar que el viernes procederá a la crisis de gobierno para sustituir a Nadia Calviño.