El Gobierno ha aprobado medidas económicas y sociales que se espera que sean lo suficientemente eficaces para paliar las pérdidas económicas y habitacionales de los afectados por la DANA- las humanas son irreparables- con la declaración de zona catastrófica y al poner sobre la mesa 10.600 millones de euros en medidas urgentes. Es un nuevo escudo social, con destacadas decisiones de carácter laboral y social para preservar los salarios de quienes han perdido su trabajo como el que sirvió durante la pandemia de 2020 para paliar los efectos del covid-19, pero muy lejos de los 31.000 millones que ha pedido Carlos Mazón. Tan importante como el agregado de ayudas que pueden recibir los afectados del Gobierno central, de la administración valenciana, de los fondos de ayuda que se ponen en marcha, es que esas ayudas lleguen de forma rápida y que la burocracia no suponga una nueva victimización. El hecho de que las ayudas sean lineales debe contribuir a que tengan la eficacia que se desea y que requieren los afectados, a pesar de que las circunstancias de todos ellos no son las mismas.

Ha sido el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez el encargado de dar a conocer el plan del Gobierno en tres fases y quien ofreció las direcciones políticas de cómo va a continuar siendo la gestión de la catástrofe, que va a continuar en manos de la Generalitat Valenciana y su presidente Carlos Mazón. Cuando las medidas de limpieza y de recuperación de la vida habitual comienzan a hacerse evidentes en muchas localidades -otras siguen en situación precaria-, Sánchez ha puesto el énfasis más en la coordinación de las Administraciones que en el enfrentamiento y ha renunciado a la declaración de la emergencia nacional y a la sustitución de Mazón al frente de las operaciones.

Sánchez ha mantenido el mismo criterio desde el comienzo de la crisis, la cogobernanza, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha ido cambiando de posición a medida que se sucedían los días y los acontecimientos, y al que faltó tiempo para hacerse la foto y responsabilizar al jefe del Ejecutivo de la tardanza en actuar, y para quejarse de que no recibía información en lugar de ofrecerse a colaborar.

La petición de Feijóo de que sea el Gobierno quien asuma la gestión de la crisis en lugar de su barón valenciano, es una decisión de enorme calado político, de la que hay que dilucidar si se trata de un reconocimiento de los fallos a la hora de abordar las consecuencias de las inundaciones, o tiene un carácter vindicativo porque Mazón es uno de los principales causantes de que Feijóo no haya ocupado La Moncloa por su precipitación al pactar con Vox tras las elecciones autonómica y al incluir a un torero ultraderechista como vicepresidente  de la Generalitat. Feijóo ha intentado hacer una carambola: señalar a Sánchez como corresponsable de los errores y quitarse de en medio a Mazón.

Y otra muestra más de doble vara de medir. Durante la pandemia, con decenas de miles de muertos, el PP reclamaba que no se cerrara el Congreso, que tenía que seguir realizando su trabajo. Ahora, desde el 29 de octubre, demanda que se cierre y cada sesión es un episodio de enfrentamientos al respecto, y además, la Asamblea de Madrid no considera necesario aplazar sus sesiones, porque está próxima la declaración de Begoña Gómez en una comisión de investigación.