La comisión de investigación del 'caso Prepay' se cobra la cabeza del presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt), José Antonio López. En la última sesión, celebrada ayer, el PP aceptó el cese de su concejal al frente de esta área y, seis meses después de que este periódico diera a conocer la pérdida de casi un millón de euros de la recaudación de los autobuses urbanos, el equipo de Gobierno reconoce, más por la vía de los hechos que de palabra, la responsabilidad política en esta crisis que, con esta decisión, quiere dar ya por zanjada.

El acuerdo con la oposición contempla que López dejará de ser el presidente del Smyt «en fechas próximas» pero se mantendrá como concejal dentro del Ayuntamiento. La idea es que su relevo, aún pendiente de anunciar, se produzca cuando se tenga lista la «reorganización del servicio» y «esté encarrilada la adjudicación del nuevo contrato de gestión de las tarjetas de bus», tal y como detalló el vicealcalde y portavoz del PP en el 'caso Prepay', Manuel Manso.

Lo que también se pretende con su salida, una vez conocidos los desencuentros con técnicos municipales del servicio, es «evitar las tensiones que ha provocado el caso» dentro del servicio y «no generar un mayor clima de desconfianza» entre los trabajadores y el concejal.

Pese a que los populares han tenido que sacrificar a López como presidente del Smyt, en uno de los puntos del dictamen aprobado ayer consiguieron la complicidad de Vox para también hacer responsable al PSOE del 'caso Prepay'.

En ese punto se recoge que «el 'caso Prepay' constituye un ejemplo paradigmático de cómo la combinación de una mala gestión empresarial, con una evidente mala fe y con una actitud deliberada de apropiación indebida, junto con una deficiente supervisión municipal, puede derivar en consecuencias graves para una administración pública».

El texto añade que «la falta de control técnico, la ausencia de reacción política en el momento oportuno, a partir de los primeros retrasos de cierta cantidad por parte del equipo de Gobierno anterior, la omisión de información clave y la confianza desmedida en una empresa incumplidora permitieron que se acumulara una abultada deuda».

Manso, que se limitó a detallar los acuerdos del dictamen en los que lograron una mayoría de votos y que omitió el resto, detalló que también se llegó a la conclusión de que «parece imprescindible dar los pasos necesarios para modificar la forma de funcionamiento del Smyt y crear la empresa municipal de transportes de Burgos». Y aquí, puso como ejemplo que las ciudades que tenían una sociedad pública y que fueron víctimas de Prepay resultaron menos damnificadas que Burgos.

Si bien no se reconoció la responsabilidad de la firma del último contrato con una deuda de 500.000 euros por falta de información, Manso sí hizo autocrítica en relación a la débil reacción tras conocer el problema y admitió que las cosas, a partir de ese momento, se pudieron hacer mejor.

El concejal del PSOE Julio César Arnaiz defendió el cese de López al frente del Smyt al«no tener la confianza de los técnicos y al haber sido negligente en la toma de decisiones».

En esta misma línea se había pronunciado por la mañana la portavoz del PSOE en la comisión de investigación, Nuria Barrio, quien defendió que «López debe dimitir tras quedar acreditado su falta de diligencia y que ha perdido la confianza del servicio, además de casi un millón de euros de todos los burgaleses».

Por parte de Vox, su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, defendió que existe una «clara responsabilidad política» que obliga a que López deje el servicio, si bien también quiso hacer responsable al PSOE, aunque en menor medida, del inicio de la deuda.

La posibilidad de que el Ayuntamiento de Burgos recupere los alrededor de 930.000 euros de la recaudación de las tarjetas de autobús urbano que le adeuda Prepay, que tiene adjudicada su gestión, se volvió muy complicada a medida que avanzaba el concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa. La empresa, según los datos que se conocieron a finales del pasado mes de enero, solo cuenta con 204.816 euros en tesorería. Así al menos se desprende del primer informe de liquidación trimestral remitido por parte del administrador concursal al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza y al que tuvo acceso en su día este periódico.

Desde el punto de vista político, la crisis de este asunto apunta ya a su final con la salida del Smyt, más pronto que tarde, del concejal de Movilidad.