La Fiscalía Europea investiga a la eurodiputada y exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili y pide levantar su inmunidad, un nuevo frente para la política griega que esta semana se ha visto implicada en el escándalo de la trama de presuntos sobornos de Catar para ganar peso político y económico en la Unión Europea.
La institución, dirigida por la jurista rumana Laura Kovesi, pide levantar la inmunidad contra Kaili y otra diputada griega, la conservadora Maria Spyraki, ha informado en un comunicado, en el que señala que da el paso en base a un informe de investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El informe apunta a la sospecha de fraude en perjuicio del presupuesto europeo "por la gestión de la asignación parlamentaria y, en particular, con respecto a la remuneración de los asistentes parlamentarios acreditados", señala el comunicado que no especifica si esta investigación está relacionada con las acusaciones de corrupción vinculadas a Catar.
Precisamente este jueves la Fiscalía financiera de Grecia ha ordenado la apertura de una investigación contra Eva Kaili por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, un nuevo frente que se suma a las sospechas que ya pesan sobre ella en Bélgica.
La socialista griega fue detenida la semana pasada como presunta integrante de una trama de sobornos procedentes de Catar y permanece en prisión preventiva -al menos hasta que comparezca el 22 de diciembre ante el tribunal en Bruselas-. La Policía ha encontrado 1,5 millones de euros en efectivo en su vivienda y en la del exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri.
Mayor control al patrimonio
El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves ejercer más control sobre el patrimonio de los eurodiputados y prohibir las donaciones de terceros países, tras el escándalo de la trama de presuntos sobornos para ganar peso político y económico en Europa, que habría comprado a una de las vicepresidentas de la Eurocámara, Eva Kaili, suspendida este martes del cargo.
En una resolución adoptada con 541 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, los eurodiputados señalan su "consternación" por la presunta corrupción, blanqueo de capitales y participación en una organización delictiva de diputados, antiguos diputados y personal de la Eurocámara, y muestra su respaldo total a la investigación penal en marcha.
Asimismo, plantea medidas para mejorar la transparencia de la institución. Entre ellas, pide introducir más controles al patrimonio de los parlamentarios con la obligación de presentar una declaración de patrimonio al principio y al final de su mandato, de tal forma que las autoridades competentes puedan comprobar si el patrimonio se corresponde con los ingresos declarados.
Igualmente, plantean la plena transparencia de los ingresos paralelos de los eurodiputados y prohibir toda financiación externa del personal de los diputados y grupos y abogan por una "prohibición a escala de la Unión de las donaciones de terceros países a diputados y partidos políticos", instando a la Comisión Europea que presente urgentemente una propuesta en este sentido.
Del mismo modo, la resolución pide extender el registro de transparencia a exeurodiputados y representantes de terceros países, y propone asimismo fijar un período de incompatibilidad para los antiguos eurodiputados para atajar el fenómeno de las 'puertas giratorias'.
El texto, pactado por todo el arco parlamentario, pide la suspensión del acceso al Parlamento Europeo a representantes cataríes hasta que la investigación judicial aclare la supuesta trama y que se paralice todo el trabajo sobre expedientes legislativos relacionados con Catar, en particular en relación con la liberalización de visados y las visitas previstas.
La implicación de Marruecos
Francesco Giorgi, pareja de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili y detenido en la operación contra la corrupción por sobornos pagados por Catar, ha implicado este jueves en una declaración a la Policía al eurodiputado Andrea Cozzolino, jefe de delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Magreb, incluyendo Marruecos.
Según informa el diario Le Soir, Giorgi, asistente parlamentario de Cozzolino, ha reconocido su papel en la organización utilizada por Catar para sobornar a eurodiputados y asistentes del Parlamento Europeo para ganar peso político y económico en la UE, y ha asegurado que gestionaba los pagos, indicando que tanto Cozzolino como el eurodiputado belga Marc Tarabella se beneficiaban de la trama a través del exparlamentario italiano Pier Antonio Panzeri.
Documentos a los que ha tenido acceso el diario belga mostrarían contactos de Panzeri, Cozzolino y Giorgi con la Inteligencia marroquí y el embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmun.
En el marco de la operación, la Policía belga halló más de 1,5 millones de euros en efectivo durante los registros de los domicilios de Kaili y Panzeri. Fue la detención del padre de la socialista griega el pasado viernes en un hotel de Bruselas con una maleta repleta de "varios centenares de miles de euros" en efectivo lo que sirvió para demostrar el "flagrante delito" que permitió a las autoridades detener a la entonces vicepresidenta, que fue cesada de su cargo este martes en una votación del Parlamento Europeo.
El tribunal de primera instancia de Bruselas prorrogó este miércoles la prisión preventiva decretada sobre varios de los detenidos en la trama. En el caso de Kaili, seguirá también en prisión al menos hasta que comparezca ante el tribunal el próximo jueves, 22 de diciembre.