Quizá sea un exceso de generosidad denominar flor de un día la imagen de consenso, diálogo y acuerdo que suscitó la aceptación por la vía de urgencia de la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad votado afirmativamente por todos los grupos del Congreso excepto Vox, en una decisión que demuestra su carácter antisistema hasta para lo más evidente.
Si para adoptar un acuerdo de puro sentido común y para dar respuesta a las demandas de las organizaciones de las personas afectadas y minusvaloradas se han necesitado cinco años -más desde que Rodríguez Zapatero añadió esta reforma constitucional a las tres que había planteado con antelación-, que solo se ha desatacado cuando el PP ha decidido que se trataba de un cambio inocuo para la estructura del Estado, y que no se iba a poner una cremallera a la Constitución para abrirla para otras causas, el acuerdo de todos -sin dejar de apuntarse que ha sido una de las últimas muestras del bipartidismo como señalaron los partidos nacionalistas- puede considerarse que ha sido flor de un rato, porque pasado el momento de la votación de la tercera modificación que se ha realizado en la Constitución desde su aprobación, el debate político volvió a la crispación habitual que causa el debate sobre la ley de amnistía para los independentistas catalanes que protagonizaron el procés y el resto de decisiones que adopta el gobierno de coalición.
En una intervención bienintencionada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños expresó su deseo de que este fuera "el primero de los grandes acuerdo" con el PP. Pero a lo largo del día el propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se encargó de mostrar que no solo su partido es el único que defiende la Constitución, porque otros se burlan de ella o intentaran cargársela, sino que mantuvo la instrucción a sus grupos parlamentarios de que su estrategia no pasa por buscar otros acuerdos con Pedro Sánchez -ay, el CGPJ- sino que les pidió que se apliquen en la "ofensiva sin cuartel" hacia el Gobierno. O sea, crispación y polarización en la que se va a encontrar una contraparte dispuesta al mismo enfrentamiento frontal, en este caso envuelto en llamadas al diálogo como método de defensa.
Dado este posicionamiento de los populares mucho tendrá que trabajar el Gobierno si quiere sacar adelante la ley para la protección integral de los menores una de cuyas finalidades será regular el acceso de niños y menores a las páginas pornográficas, lo que pretende lograr mediante un pacto de Estado entre las fuerzas políticas las organizaciones sociales preocupadas por la educación afectivo-sexual de los menores para paliar las consecuencias negativas de todo orden -cosificación de las mujeres, aumento de las agresiones sexuales protagonizadas por menores- y de distorsión de la realidad que provoca el consumo de esos contenidos a edades tempranas. Como en otros casos, el diagnóstico y las soluciones previstas tendrían que servir de pista de aterrizaje a un pacto que implique, por supuesto, a las empresas tecnológicas y un mayor compromiso de los padres, al tiempo que la escuela hace también su función en la educación sexual de los niños. Pero eso es harina de otro costal.