El juez Pintado ha llamado a declarar a Begoña Gómez como imputada, para responder sobre presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Un juez que no se ha rendido ante las presiones recibidas. La principal, que rechazara la querella presentada contra la mujer del presidente, seguida de una serie de informaciones de medios cercanos al PSOE en las que vinculaban a Pintado con la derecha. Aunque se biografía demuestra que en años anteriores ha actuado contra dirigentes del PP con la misma profesionalidad que lo ha hecho ahora al recibir la querella contra Gómez.
Pedro Sánchez ya no puede mirar hacia otro lado, ni atacar a la oposición acusándola de una campaña infame y moverse en el fango. Desde hace un mes no hay día en el que no se produzcan nuevas noticias que obligan a cuestionar el comportamiento de su mujer y, también, a preguntarse cuál era el nivel de conocimiento del presidente de gobierno respecto a los negocios de esposa. Lo último, que tres importantes empresas - Indra, Google y Telefónica- elaboraron un softwear para la Universidad Complutense, que donaron gratuitamente al considerarlo un servicio público. Han aparecido documentos que recogen que Begoña Gómez, a través de Conpyme, ofreció ese software, no gratuitamente, a pequeñas y medianas empresas adscritas a esa organización que el gobierno quiere sumar al diálogo social. La propia Complutense ha salido al paso para explicar que solo la universidad podía distribuir ese software, que no pertenecía a Begoña Díaz ni a su cátedra de Transformación Social Corporativa.
A todo ello se suman las cartas al gobierno en las que recomendaba a empresas que patrocinaban su máster en el Instituto de Empresa y que habían solicitado contratos y subvenciones; se suma que el codirector con ella del máster y de la cátedra está vinculado al caso Koldo y a la venta de mascarillas a varios gobiernos regionales, lo que ha provocado una investigación judicial en España y también de la fiscalía europea que controla el uso de los fondos UE. Y se suma, asunto ya muy menor, que Pedro Sánchez no se ausentó, como debía, del Consejo de Ministros que debía aprobar los contratos en los que estaban interesadas las empresas recomendadas por Begoña Gómez.
La portavoz del gobierno dice que no hay "nada de nada" y se trata de una campaña del PP y Vox. Será el juez, no Pilar Alegría, quien determine si hay indicios de delito o "nada de nada". Y, por supuesto, a Begoña Gómez la ampara la presunción de inocencia. Pero las cosas no se presentan bien para Pedro Sánchez.
Si alguna de las mujeres de los anteriores presidentes de gobierno hubiera actuado como Begoña Gómez, el habría sido el primer partido en exigir responsabilidades a sus maridos, porque no es creíble que no tuvieran conocimiento de lo que ocurría. Por no mencionar que el PSOE, como el PP, al militante imputado por un caso de corrupción le abre un expediente o es expulsado.