El HUBU ha vuelto a adjudicar a Recoletas la colocación de prótesis de cadera y rodilla a pacientes derivados desde Traumatología. El hospital privado de la capital fue el único que se presentó a la licitación; un proceso que se ha vuelto periódico -se convoca todos los veranos- por la elevada lista de espera de este servicio en la capital (1.270 operaciones acumuladas, según información oficial con fecha de finales de junio) y la necesidad de intervenir cuanto antes a personas con patologías muy invalidantes en estas dos articulaciones. Por esta externalización Recoletas volverá a cobrar un millón (945.500 euros).
El importe es el mismo que el presupuestado en el verano del 2023 para esta adjudicación, pero, a diferencia de años previos, en esta ocasión la documentación oficial no detallaba el número de pacientes que el HUBU prevé derivar hasta finales de año. No obstante, por los precios y por las cifras de años previos se entiende que volverán a derivar a entre 170 y 175 pacientes de la sanidad pública.
Las sustituciones de cadera (5.700 euros cada una y 442.500 en total) están indicadas para pacientes a quienes se haya diagnosticado osteoartrosis, coxitis, necrosis avascular y artritis reumatoide, entre otras patologías. Dado que es una cirugía más costosa que la sustitución de una rodilla por una prótesis (4.900 cada una y 503.000 en total) se contratan menos intervenciones de cadera: 75 frente al centenar de personas que podrán derivar desde el HUBU para que personal de Recoletas resuelva sus problemas en la articulación de la pierna. En este caso, la indicación ha de ser diagnóstico de gonartrosis y artritis reumatoide. Y, como otras veces, tanto para un tipo de cirugía como para la otra, han de ser pacientes en lista de espera del HUBU.
En la memoria justificativa de la licitación se especifica que, otras veces, el hospital público ha tratado de aligerar lista de espera -sobre todo de Traumatología- recurriendo a los quirófanos del hospital privado, pero no a su personal. Es decir, la sanidad pública pagaba por usar medios de un centro privado a la vez que empleaba los de la sanidad pública. Ahora, en cambio, especifica que pagan por las instalaciones y por el personal porque «no se puede prescindir de los facultativos que trabajan en el HUBU». Hacerlo, destacan, «acrecentaría» el problema.
Así, explican en la memoria justificativa, que puede consultarse, junto con el resto de la documentación, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que «la problemática de la demora en las intervenciones quirúrgicas a pacientes incluidos en lista de espera es casi una constante en el complejo asistencial de Burgos». Esta cuestión se atribuye en la memoria al déficit de anestesistas que arrastra el complejo desde 2018, pero también a la pandemia por coronavirus, «cuyos efectos se extendieron durante tres años». Y especifica que, «al cancelar todas las intervenciones quirúrgicas en el inicio de la crisis y redistribuir a los profesionales en los servicios imprescindibles para atender a los enfermos, las listas de espera aumentaron considerablemente».
Pendientes más de un año. En la justificación de esta externalización se admite que las medidas aplicadas «no han sido suficiente» para reducir estas demoras que, en el caso de Traumatología están a la cabeza de todo el bloque quirúrgico del HUBU: tanto en número (1.270 atascadas a finales de junio) como en demora media (170 días).
Este servicio es, también, el único de los diez quirúrgicos de los que se ofrecen datos que tiene personas pendientes de entrar en quirófano desde hace más de un año (136, siempre según Sacyl). Y de ahí esta nueva derivación de pacientes a la sanidad privada.