Los ayuntamientos contarán con una financiación incondicionada mínima de 3.000 euros, 1.000 euros básicos y 2.000 mínimos en función de la población y los servicios que prestan, de manera que hasta los municipios más pequeños tendrán el próximo año esos ingresos y ninguno podrá percibir más de 1.500.000 euros.

 

El acuerdo sobre el modelo de ordenación territorial detalla la financiación de los ayuntamientos para 2013, en la apuesta de que todos ellos se mantengan, sin que haya «supresiones forzosas», así como las entidades locales menores. A todos ellos se destina un importe de 1.000 euros y no menos de 2.000 euros en función de la población (14 euros por habitante), nivel de competencias y entidades locales dependientes de ellos.

 

La Junta se compromete a incrementar esta partida un 10 por ciento en los presupuestos de 2014 y 2015 así como a que la financiación sea incondicionada en el «mayor porcentaje posible».

 

Otro de los compromisos es la aprobación de un proyecto de ley de participación de las entidades locales en los ingresos propios de Castilla y León, recogido en el Estatuto y una de las reivindicaciones históricas del PSOE. Sin embargo, esta ley entrará en las Cortes tres meses después de que el Gobierno apruebe su reforma del régimen local y la Junta el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio.

La ordenación se asentará en las ‘unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio’, mapa en el que deben converger los servicios públicos que presta la Junta como sanidad o educación.

 

Como novedad se incorpora el compromiso de PP y PSOE de promover que la elección de los diputados provinciales sea por sufragio directo. Herrera y Villarrubia reconocieron que es una declaración de intenciones que trasladarán a sus respectivos partidos.