Los tiempos de la justicia y de la política son tan distintos que son líneas paralelas condenadas a no encontrarse jamás. O la intersección se produce tan alejada de los momentos en los que sería deseable la confluencia que cuando tiene lugar es preciso recurrir a la hemeroteca para saber de qué se hablaba en aquellos momentos. Es lo que ocurrirá con la ley de amnistía si se produce aquello que está anunciado por las partes concernidas.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir los recursos de los beneficiarios de la ley aprobada por el Congreso, a los líderes del 'procés' solo les queda recurrir al tribunal garantías para que valide la constitucionalidad de la ley y que les sea aplicada al delito de malversación, por el que se habrían enriquecido al no pagar de sus bolsillos los trámites de un referéndum y una declaración de independencia ilegal, por lo que fueron condenados. La segunda previsión es que el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, dé el visto bueno a la ley, y ante esta posibilidad, el tercer vaticinio es que el Supremo cumpla su amenaza de acudir a la justicia europea mediante una cuestión prejudicial que paralizaría la aplicación de la amnistía.  

Uno de los argumentos utilizados por la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, a su vez presidente del tribunal que enjuició el 'procés' es que "La imagen del juez como «boca muda» que debe limitar su función a proclamar consecuencias jurídicas que fluyan de la literalidad de la norma representa una imagen trasnochada que los recurrentes presentan ahora como el ideal democrático de una justicia respetuosa con el poder legislativo". Es decir que los jueces del Supremo, y sobre todo Manuel Marchena, que tuvo muchísimo cuidado en el transcurso del juicio para evitar que la justicia europea revoque la sentencia, no solo habla ahora en el auto de denegación de la amnistía de 'golpe de Estado y golpistas, sino que considera que es su obligación reinterpretar lo aprobado por el Congreso con una serie de consideraciones políticas que trascienden el ámbito judicial.

Si los jueces no tienen que ser "bocas mudas", no se entiende el porqué de tantas críticas a quién en su día -Cándido Conde Pumpido-, afirmó que los jueces tienen que "mancharse la toga con el polvo del camino", y aplicar las leyes teniendo en cuenta las particularidades del momento. A no ser que en aquel entonces la reflexión del fiscal general del Estado se entendiera como un apoyo a determinadas posiciones gubernamentales, y ahora se trate de dar una lección de independencia a la mayoría parlamentaria al considerar que la ley de amnistía va en contra de distintos preceptos constitucionales como la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.

Para no quedarse con la boca muda, los jueces del Supremo han realizado una lectura extrema de la literalidad de la ley sobre la malversación agravada con la que no está de acuerdo otra magistrada de la misma Sala: "Lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma", dice la magistrada Ana Ferrer en su voto particular. Lo que no se puede negar es que los magistrados del Supremo se están manchando la toga con el polvo del camino para defender su actuación a lo largo de toda la deriva jurídico-política del 'procés', y eso tiene consecuencias políticas que no son inertes.