Imaginemos que los empleados públicos pudieran elegir, cuando toman posesión de su puesto, entre una educación pública o privada para sus hijos. Y que además, cada año pudieran cambiar de opinión. Por ejemplo, una familia podría decidir llevar a su hijo a un colegio y a un instituto públicos pero después optar por una universidad privada, que el Estado pagaría con fondos públicos.

Pues esto, pero respecto a la sanidad, es a grandes rasgos lo que sucede con Muface (de funcionarios de la Administración General del Estado y docentes, entre otros), así como con otras dos mutualidades de funcionarios: Isfas (de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil) y Mugeju (de jueces, fiscales y otros empleados de la Administración de Justicia). Funcionarios de carrera (eso sí, no todos, con lo que ello supone de agravio comparativo) a los que el Estado les paga una sanidad privada. Esto ocurre desde 1975 y lo que no se puede entender es que este sistema siga existiendo.

La inversión que el Estado está dejando de hacer en la sanidad pública debido a este despropósito es enorme. Estamos hablando, solo en el caso de Muface, de aproximadamente un millón de mutualistas que cada año elige la sanidad privada. Eso sí, cuando la cosa se pone fea, la mayoría se pasa a la pública, con el consiguiente ahorro para las aseguradoras, que se quedan con los mutualistas 'baratos'. Por este servicio, las aseguradoras están cobrando unos 1.032 euros por mutualista al año, que aumentaría considerablemente si el concierto se renueva. Echen cuentas. Piensen lo que la sanidad pública podría hacer con todo ese dinero: más médicos, más medios, mejores servicios…

El órdago de las aseguradoras, exigiendo incrementos desmesurados de la prima, es una excelente ocasión para acabar con esta anomalía. Si el final de este régimen es paulatino, mejor, pero lo importante es que se lleve a cabo. Que no promoviera esta eliminación Ayuso, por ejemplo, que favorece a la educación y a la sanidad privadas siempre que puede, sería comprensible. Pero que un gobierno formado por el PSOE y Sumar, defensores de lo público, no aprovechen esta oportunidad sería algo sencillamente imperdonable.