354 euros. Eso es lo que cuestan los 9 libros de texto de mi hijo de 4º de la ESO que aparecen en el listado proporcionado por el instituto. Unos 40 euros de media por libro, y subiendo. Y ni siquiera están todos los que son en este listado, ya que en algunas asignaturas los libros se comunicarán más adelante.
Por si este importe no fuera suficiente para llevarse un disgusto, se da la circunstancia de que mi hijo tiene dos hermanas mayores que han pasado por el mismo instituto e itinerario, una de ellas tres cursos antes y otra cuatro. ¿A que no sabéis cuántos libros ha podido heredar? Exactamente. Ninguno. Ni el de inglés. Una vergüenza. Libros que además en estos niveles ya de la ESO terminan el curso inmaculados.
Se conjugan por lo tanto dos problemas que agravan el esfuerzo económico de las familias en la vuelta al cole: el precio de los libros y su constante cambio. Según un estudio realizado por el portal de compras idealo.es hace un año, España es el país con los libros de texto más caros de Europa. No es de extrañar que proliferen los mercados de segunda mano. Ahora bien, con el cambio de ley de educación, hay pocos libros disponibles, ya que los textos han cambiado para adaptarse a los nuevos contenidos. Y es que la culpa de tanto cambio no es siempre de las editoriales. De hecho, la legislación española no les permite sustituir los libros de texto durante un periodo mínimo de cuatro años, salvo excepciones. Por tanto, la responsabilidad de este despropósito se reparte entre las editoriales, que por supuesto buscan ganar dinero, los centros educativos, que cada cierto tiempo cambian de libros, y los gobiernos de turno, que modifican cada vez que llegan al poder la Ley de Educación.
Al final, los que pagamos el pato somos los padres con hijos en edad escolar. Y alguien tendrá que poner orden, porque estamos hablando de un bien necesario para acceder a un derecho y un deber en España desde los 6 a los 16 años: la educación. Y ese alguien no puede ser otro que las administraciones competentes. Además, regular con sentido común este asunto significaría gastar menos en ayudas para libros que arreglen este desaguisado. Ahí lo dejo.