El tiempo está demostrando lo que parecía evidente la noche del domingo 23 de julio del año pasado. Pedro Sánchez quedaba a merced de los diputados del expresidente de la Generalitat  (pocas veces 7 parlamentarios han tenido tanto poder y tanto empeño en demostrarlo). Lo que no podíamos sospechar entonces es que el prófugo de Waterloo iba a seducir con su discurso a una diputada socialista por la provincia de Burgos. Se llama Esther Peña. Desde hace unos días es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y esta semana ha tenido la osadía de comparar el Tsunami Democràtic con los disturbios de Gamonal. Bueno, también equiparó a los CDR con las protestas de los mineros o las algaradas ante la sede socialista de Ferraz.  

También es mala suerte, que una política de esta tierra en lugar de estar dando todo el día la matraca al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el Directo, las autovías y otras infraestructuras pendientes en su Burgos, se dedique a ser vocera de las necesidades y caprichos de la derecha independentista catalana.

El revolcón parlamentario que se ha llevado Pedro Sánchez tras el no de Junts a su ley de amnistía pone de relieve que la legislatura está teledirigida desde la residencia belga de Carles Puigdemont. Su poder es tal, que el jueves, el presidente del Gobierno no tuvo más remedio que declarar que no hay delitos de terrorismo vinculados al procès. O sea, que se la trae al pairo lo que digan los jueces y sus investigaciones. Esos magistrados se han convertido, como ya hicieron tras el desafío independentista de octubre de 2017, en el último muro para proteger el sistema constitucional. El problema es que ahora los que quieren derribarlo no han tenido que huir a Bélgica en el maletero de un coche.