Es sabido que uno de los instrumentos más eficaces, si no el único, para reducir o evitar las crisis migratoria es actuar en origen. Esto es, poner los medios para facilitar el desarrollo de un determinado territorio y de las personas que lo habitan, para que no tengan que marcharse en busca de las oportunidades que no tienen en 'casa'. Lo deseable sería que esa intervención se promoviera desde dentro, pero no siempre es posible por ausencia de medios, conocimientos o incluso de mano de obra. España, por ejemplo, despegó en los años ochenta y noventa a una velocidad solo posible gracias al respaldo de la entonces todavía denominada Comunidad Económica Europea.

De ahí que sea tan sorprendente que los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Burgos planteen ahora que se reduzca a la mitad la partida destinada a los proyectos de cooperación, que ronda los 800.000 euros. Más allá de lo asombroso de que este partido presente ahora alegaciones a su propio proyecto de presupuestos (en lo que suponemos o queremos pensar que trabajan desde hace meses y conocen lo que se ha incluido), este giro de guion es una incoherencia: no se puede ser contrario a la llegada de migrantes y oponerse a la única medida que puede evitarlo. Y eso sin entrar en la contradicción de base con la que ha de lidiar un partido que, haciendo gala de llevar por bandera «la defensa de la familia y de la vida», se niega a dar un vaso de agua a quienes mueren de sed. No sé cuántas vidas ni cuántas familias se quedarán por el camino por la falta de acceso a pozos potables, por citar un ejemplo.

Ahora, tan lamentable o más es que su socio de gobierno vaya a consentirlo. Sobre todo, porque el impulso a la cooperación volvió a ser motivo de orgullo para el PP desde tiempos de Ana Lopidana, quien sí defendía la vida más allá de la frontera española.