El pasado jueves, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, anunció que acababa de dar un paso legal imprescindible para que comience el desmantelamiento de Santa María de Garoña. Tres años después de su cese definitivo de la central, la empresa pública solicitó la necesaria autorización al Ministerio para la Transición Ecológica. Ni más ni menos cumplía con la ley. Pero  la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, y el senador socialista por Burgos, Ander Gil, decidieron convertir ese mismo día el desmantelamiento de la central en un plan de desarrollo económico para su entorno. Alabaron «la sensibilidad del Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez con la dinamización del área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, tras presentar Enresa la solicitud de desmantelamiento» y dieron una pirueta para caer de pie sin decir ni pío del tantas veces reclamado Plan Garoña.
Hasta el infinito y más allá, las filas socialistas exigieron desde la oposición que se tomaran medidas de impulso a las maltrechas economías locales tras cuatro décadas de dependencia de la planta nuclear. Llegados a la Moncloa callan y recuerdan que Rajoy dinamitó el Plan Garoña, pero nada dicen del Plan Garoña de Sánchez más allá de que, como es lógico, va a desmantelar la central y existe un «compromiso» de contratar al mayor número posible de trabajadores del área de influencia. Ese deseo está muy bien, pero esas contrataciones dependerán de que los parados de la zona se adapten a los perfiles de las ofertas de empleo que, en muchos casos, serán muy específicos, a tenor de la dificultad técnica que entraña reducir Garoña y toda su radioactividad a la mínima esencia. Sigo sin saber dónde está el Plan Garoña.