Según el Banco de España, la economía española sufre un déficit anual de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. Se construyen 90.000 al año. Se crean 275.000 hogares. El aumento de la población y la falta de construcción de nueva vivienda -especialmente social y a un precio asequible– son dos factores clave del gravísimo problema.
Entre 2015 y 2023 la adquisición de una casa se encareció un 47 por ciento, y el alquiler, un 58, mientras que el poder adquisitivo de los hogares creció muchísimo menos.
No hay casas protegidas (de precio asequible) para vender: desde hace casi una década solo el 12 por ciento de las viviendas construidas en España se realizan bajo protección pública.
Para levantar un parque público haría falta incorporar 1,5 millones de alojamientos. Habría que edificar un 150 por cienti más de todo lo construido al año durante una década.
El 76 por ciento de los inquilinos no puede permitirse comprar. Cuatro de cada 10 está en riesgo de pobreza, el mayor porcentaje de la UE. La tasa de propiedad de los hogares hasta 34 años ha caído en más de 25 puntos desde 2011. Enorme desigualdad intergeneracional. El 61 por ciento de los que alquilan no disponen del ahorro para adquirir una vivienda en el municipio donde viven.
Hay 290.000 viviendas de alquiler social. Un 1,6 por ciento de las familias. Insignificante. Contrasta con el 7,5 por ciento de la Unión Europea o con el 14 de Francia, el 17 por ciento del Reino Unido o el 34 de los Países Bajos. El 40,9 por ciento se ven obligados a pagar más del 40 por ciento, casi el doble del promedio de la UE. La edad de emancipación de los jóvenes supera los 30 años, frente a los 26,4 años de la media de la UE. El 46 por ciento de los jóvenes que tienen de 25 a 34 años viven con sus padres.
España, según el Consejo de Europa, sufre una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones. El Banco de España dice que es necesario movilizar el máximo esfuerzo del sector público y el sector privado. Las preocupaciones de la gente están más allá de tanto incendio político.
Es del todo necesaria la colaboración entre las instituciones, lo que a su vez implica la colaboración entre partidos, sobre todo el PP y PSOE. Sin esta colaboración la resolución del problema es imposible.