«No concurre terrorismo». Así de claro lo dejó ayer el fiscal del Tribunal Supremo, concluyendo que no debe abrirse causa contra Puigdemont por Tsunami Democràtic. 

¿En qué fango de estupidez hemos acabado? ¿Cómo es posible que con el dolor que nos ha causado el terrorismo banalicemos esta lacra con tal de sacar réditos políticos? Los penosos sucesos de Cataluña, con toda la desafección que mostraban con el resto del país, con la obvia e irresponsable manipulación hecha por los convergentes, no fueron, todos lo vimos, actuaciones terroristas. Fueron manifestaciones contrarias a nuestro sentir no menos que otras que ha habido en Colón, muchas con disturbios callejeros y vandalismo, sí, pero equiparlo a terrorismo ¿dónde deja eso lo de Ferraz o Gamonal? Beccaria se removería en su tumba; y reclamaría legislar para la convivencia, no para la represión.

La semana pasada, la alcaldesa de Burgos agradecía en un tuit a García-Castellón que no fuera aprobada la Ley de Amnistía en el Congreso. Inaudito. Era tanto como reconocer que el magistrado actuaba al dictado del Partido Popular. Eso mientras en Bruselas el PP mostraba a Europa que considera el CGPJ una propiedad inalienable.

La derecha -sin distinción de siglas se ha convertido en el gran problema de la democracia, en movimiento antisistema. Se dicen liberales raíz del modelo actual pero conspiran contra los principios formulados por Locke y Montesquieu para evitar el acaparamiento de poderes. Han desvirtuado el Poder Judicial de manera grave; irrespetan los mandatos constitucionales como con el bloqueo a la renovación del CGPJ; montan causas falsas con funcionarios corruptos/fanáticos para persecución de rivales políticos; incumplen flagrantemente leyes vigentes del ámbito laboral, de igualdad, memoria, asistencia social; vacían los presupuestos públicos que deberían atender a la sanidad general, al sistema de pensiones, a la enseñanza pública, para beneficio de sectores privados que encarecen la vida, dan peores servicios, pero financian sus políticas y campañas; pretenden cambiar el funcionamiento de órganos constitucionales, como el Senado, para interferir la lícita acción del Gobierno; desarticulan el sistema tributario, concebido para desarrollo e impulso del país y una mayor equidad entre los ciudadanos, buscando cimentar la lucha de clases; mienten constantemente sobre economía, sobre empleo, sobre ciencia, sobre sostenibilidad…

Hablan y hablan de España, pero para confundirla y cabrearla. Nos engañan con fruslerías mientras tratan de hurtarnos construir, sostener una sociedad decente. 

A ver cuándo, de una vez, se vuelven verdaderamente constitucionalistas.

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