Según escuché recientemente a un empresario de éxito, una persona puede considerarse clase media si con sus ingresos anuales puede permitirse una vivienda, un coche, los gastos familiares, dos o tres viajes y un cierto ocio, todo ello sin estar continuamente mirando si los números de la cuenta corriente se acercan del negro al rojo. Pero, por desgracia, esta definición, que muchos suscribirían, no está al alcance de una gran parte de los asalariados de nuestro país. Según la última encuesta de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística el salario más frecuente en España en 2022 (y no ha cambiado demasiado desde entonces) que obtuvieron un 4,2% de los trabajadores, se situó en torno a los 14.586,44 euros. También tuvo una frecuencia similar los salarios de 16.495,84 euros (4,2% del total de asalariados) y de 18.494,32 (4,1%). Un 20,5% de los asalariados tuvieron una ganancia anual entre 14.000 y 19.000 euros. Y está claro que para esta parte de la población llegar a conseguir cubrir una mínima parte de las necesidades medias pasa, inexorablemente, por dedicar a la primera y más importante de ellas, la vivienda, una cantidad que, en ningún caso, supere los 400-500 euros mensuales, siendo para ello el alquiler asequible la única alternativa.

A la vez, los costes de construcción de una vivienda han crecido sustancialmente durante los últimos años, debido principalmente a mayores exigencias técnicas en términos de eficiencia energética y al sustancial incremento de los costes de los materiales, motivando que hoy construir una vivienda de tamaño reducido tenga un coste no inferior a 120.000 euros. Con este coste y con la limitada oferta de vivienda nueva existente, construyéndose actualmente 90.000 viviendas al año cuando se crean 300.000 hogares, es imposible encontrar en el mercado viviendas en alquiler a precios razonables.

Es por esto que todos los partidos políticos, a izquierda y derecha, después de muchos años sin abordar esta situación e incluso generando regulaciones que han limitado la oferta general de alquiler, y ante la suma gravedad de la situación, se han lanzado a ofrecer una batería de propuestas que, desde las rebajas fiscales, la liberalización de suelo, la promoción de vivienda pública, la puesta en el mercado de activos sin uso procedentes de la Sareb, el lanzamiento de ayudas a la rehabilitación de viviendas destinada al arrendamiento asequible o la penalización a los pisos turísticos y a la compra de vivienda por extracomunitarios (ahora sí que los británicos se van a arrepentir del Brexit), buscan impulsar la oferta de vivienda ya construida destinada al alquiler asequible a la vez que se alienta la promoción de no menos de 250.000 viviendas nuevas con el mismo destino.

Está claro que una situación como la actual, de extrema urgencia e importancia, exigiría a mi entender un Plan de Vivienda consensuado por los grupos políticos mayoritarios que tuviese como principales objetivos la rapidez en la puesta en el mercado de vivienda de alquiler asequible y la optimización en la gestión de los alquileres para mantener los mismos en los rangos que nuestros jóvenes se pueden permitir. 

Es imposible que la administración pública por sí misma sea capaz de alcanzar estos retos, tanto por falta de recursos presupuestarios (no olvidemos el elevadísimo ratio de deuda pública que tiene nuestro país) como por la falta de herramientas de gestión. Por tanto, el citado Plan debería estar basado en una colaboración público-privada donde las administraciones públicas ofreciesen ayudas a la promoción de vivienda nueva destinada al alquiler asequible logrando con ello movilizar rápidamente el máximo de recursos privados. Existen ejemplos demostrados de que por cada euro de ayudas el sector privado es capaz de invertir cuatro en la construcción y alquiler de vivienda a precio razonable y obtener a cambio una rentabilidad adecuada al capital invertido. Esto supone que al precio de construcción de una vivienda antes comentado una administración con 1.200.000 euros puede construir 10 viviendas públicas o impulsar la construcción de 50 viviendas privadas que cumplan con el objetivo pretendido. Además, reduciendo los costes administrativos, así como los impuestos ligados a la construcción de este tipo de vivienda a la vez que se priorizan estos proyectos en el otorgamiento de licencias, el plazo de puesta en marcha de nueva vivienda puede ser razonablemente ágil. 

Por su parte, el promotor privado, como no puede ser de otra forma, debe comprometerse a mantener la vivienda en el mercado del alquiler a unos precios asequibles y por un largo periodo de tiempo, evitando una posible especulación con las mismas. 
Este Plan asimismo y para optimizar los resultados en la gestión de esta tipología de vivienda debería establecer límites en cuanto a los ingresos de las personas y familias que puedan acceder a las mismas en línea con los salarios más frecuentes de la zona donde se construyan a la vez que favorezca la gestión de los alquileres por parte de los promotores evitando situaciones de ocupación indebida. 

Existen muchos ejemplos exitosos en el pasado de este tipo de promociones basadas en colaboraciones público-privadas que permiten maximizar, por una parte, los recursos públicos destinados al Plan y, a su vez, aprovechar las capacidades de los promotores privados tanto en lo relativo a la rapidez para el desarrollo de promociones como en la optimización de la gestión de los alquileres. Lo que está claro que es o somos capaces de abordar este problema con seriedad y celeridad o conseguiremos que la generación de jóvenes actuales no pueda desarrollar un proyecto vital digno, con lo que ello supondría para el futuro de nuestra sociedad.