Una cosa es que se asuma que un servicio público puede, incluso debe, ser deficitario, y otra que de allí el dinero salga -o no entre- al ritmo en que perdía agua la piscina familiar del Plantío. El impago del dinero procedente de la recarga de las tarjetas de autobús por parte de la empresa adjudicataria era un asunto grave hace unos meses y ahora lo es más. E independientemente de lo que determine la investigación interna que ha anunciado la alcaldesa, lo que parece claro es que ha fallado más de un mecanismo de control en algo tan delicado como el dinero público. O igual es que había que poner a una empresa externa a vigilar a la adjudicataria que hacía ese trabajo para el Ayuntamiento. Haberlas haylas; que se lo digan a los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras. 

Entre la fuga de las recargas y las tarjetas gratuitas que disfrutan miles de ciudadanos, estaría muy bien conocer qué cantidad real recauda el área de Movilidad procedente de los usuarios de autobuses urbanos en la ciudad. Otros servicios municipales mantienen precios públicos o los van ajustando cada año a la subida del coste de la vida. La empresa de Aguas, sin ir más lejos, justifica el aumento de la tasa en las inversiones que tienen que garantizar que sigamos presumiendo de mejor agua del grifo de España. 

El servicio de autobuses, sin embargo, con precios más que populares para la mayoría de los viajeros -insisto, esto es justo y necesario-, paga la ronda de todos los mayores de 65 años sin mirar su nivel de renta. La justificación del equipo de Gobierno, de donde partió esta decisión, es el fomento del uso del transporte colectivo. Incluso comprando este argumento, estaría bien que los gestores de este servicio aclaren qué más van a hacer para ganar usuarios de todas las edades y cómo se va a abordar las necesarias y lógicas mejoras en esta área -porque el objetivo no es solo que los buses sigan circulando, ¿verdad?- mientras tapan todos estos agujeros.