Parece cosa de no creer, pero lo cierto es que nunca hemos tenido que sufrir tantas llamadas telefónicas comerciales, y también de esas otras que algunos bribones realizan con el avieso propósito de dejarnos sin blanca, como desde que el Gobierno las prohibiera taxativamente en 2023 mediante la Ley General de Telecomunicaciones. A partir de entonces, no hay día en el que enigmáticos agentes del libre mercado dejen de desbaratarnos la siesta o de profanar el sagrado rito del vermú para intentar vendernos esa póliza de decesos merced a la cual nuestros deudos nos darán tierra a un precio bien módico, aquella tarjeta de crédito que nos permitirá gastar dinero a manos llenas sin preocuparnos del porvenir, o el milagroso contrato de suministro de energía con el que dejaremos de hacer el primo de una vez por todas con el recibo de la luz.

Ha sucedido durante estos meses que, para burlar la antedicha ley, las firmas de telemarketing han puesto por obra las más diversas artimañas con que obligarnos a tragar con las intromisiones no deseadas, ya sea ese supuesto 'interés comercial legítimo' que faculta a las empresas con las que ya hemos establecido una relación a asetearnos a llamadas, o el sibilino consentimiento previo que se oculta en ese botoncito de 'aceptar' que nos asalta a cada paso en internet como condición indispensable para recibir cualquier servicio, y que, una vez pulsado, convierte nuestros datos personales en artículo de compraventa y nos somete sin rechistar a toda suerte de atropellos, si exceptuamos el de ser azotados en la plaza pública.

Tras el fracaso de hace año y medio, el Ministerio para la Transformación Digital ha decidido aprobar este mes una normativa para prohibir las llamadas comerciales desde teléfonos móviles, lo que, según los valedores de la nueva norma, contribuirá a que operadores y robots nos dejen tranquilos de una santa vez. No cree uno que tal cosa vaya a ser posible de buenas a primeras, así que entiende más juicioso seguir el ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana, que no tiene teléfono personal, o el del fiscal general del Estado, que cambia de móvil cada dos por tres, para que a nadie se le ocurra venir a darnos la lata…, o a meternos en un lío.