La situación política que vivimos es heredera directa de las cenizas del 11 de marzo de 2004. En los días posteriores a los atentados en los trenes de Madrid se trató de construir el mayor bulo de la historia de España, con el agravante de que el promotor era el Gobierno de José María Aznar, que intentó usarlo electoralmente, para lo que y contó con el apoyo de varios grupos de comunicación relevantes.
Ni las investigaciones de la Policía, que dieron lugar a una contundente sentencia de la Audiencia Nacional, lograron terminar del todo con la fabulación creada, según la cual aquellos atentados eran obra de ETA.
Con las dimensiones y alcance de este precedente, cuesta entender que el presidente Pedro Sánchez se haya encerrado cinco días en La Moncloa para meditar si tira la toalla, cansado de que haya una serie de medios que atacan a su mujer, un juez que admite a trámite una denuncia basada en recortes de periódicos y unos partidos políticos tratando de sacar rédito de una evidente torpeza de su esposa, no parece más, con lo que se conoce hasta hoy. Esto es un juego de niños comparado con el intento de manipulación del 11M, que dejó 192 muertos y dos millares de heridos.
Pedro Sánchez se comporta como si fuera el primer gobernante en sufrir un ataque por el costado más sensible de cualquiera, la familia. Hay precedentes en muchos países, no hay nada más que ver lo que le sucede al presidente de Estados Unidos o al de Francia. Pero también hay precedentes en España, como el denominado Caso Bar España, establecimiento en el que presuntamente se cometieron delitos de pederastia por parte de políticos españoles de diferentes partidos, incluidos compañeros de Sánchez, y que es una burda invención de la ultraderecha para debilitar al sistema de partidos. Igual le sucedió a la principal banquera de este país, a la que le montaron un bulo tan repugnante como que la acusaron de la muerte de su padre. No se recuerda a Pedro Sánchez solidarizarse con estos casos y ahora, cuando le toca a él, baraja un punto y aparte cuyas eventuales medidas tendrían alcance sobre periodistas y jueces.
Es fácil empatizar con la denuncia de Pedro Sánchez, pero aquí la única novedad es que el afectado es él y eso no da para cambiar la legislación y limitar derechos tan fundamentales como la libertad de información o la independencia de los jueces. Contra la desinformación, transparencia y ley.