El próximo 15 de octubre, el Consejo Económico y Social de Castilla y León presentará su informe El sistema sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro, un análisis realizado por el CES a iniciativa propia que desvelará cómo se encuentra la sanidad pública de la Comunidad Autónoma. A la presentación acudirán el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la directora general de Planificación Sanitaria, Sonia Martín.
Puede ser que el estudio revele de manera minuciosa la falta de profesionales sanitarios en todas las provincias de la región, tanto médico como de enfermería; datos como que el plazo medio para que un paciente pueda acudir a una consulta especializada es de tres meses, lo que significa que muchas de ellas se citan a más de un año vista; y otros como que hay seis meses de espera para una operación o que en el conjunto de las nueve provincias hay menos de cuatro camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes.
Puede ser que este y otros datos se comparen con los de otras comunidades autónomas del país, poniendo de manifiesto que en algunos de los indicadores se observa que Castilla y León está mejor posicionada que otros territorios (en el país de los ciegos, a veces, el tuerto es el rey), y evidenciando que aunque aquí haya habido expolio en la sanidad pública rural, en otros lugares, también.
Puede ser que, tras las presentaciones del informe, tanto el consejero de Sanidad como la directora general hagan unas declaraciones a los medios de comunicación. Y puede ser también que, en esas declaraciones, en vez de reconocer su incapacidad para que los castellano y leoneses tengan la Sanidad que, sin duda, merecen, culpen a la Administración central de su fracaso.
Lo que seguramente no será, porque no lo revelará el informe, es la frustración de los castellano y leoneses cuando les llega la carta que les comunica que su cita para Traumatología es para el 14 de febrero de 2025; su infinita paciencia cuando tienen que desplazarse cientos de kilómetros de sus casas para recibir un tratamiento del que depende su vida; y su certeza de que, año tras año, la sanidad pública se deteriora sin entender a qué intereses espurios responde esta degradación.