No hay duda alguna de que Cristina Ayala, su equipo más cercano y el propio PP midieron muy mal las consecuencias de aceptar la imposición de Vox de retirar las ayudas a Accem, Burgos Acoge y Atalaya para aprobar el Presupuesto de 2025. En la aceptación de su exigencia pesó mucho la creencia de que Burgos es una ciudad desmovilizada, de que a sus habitantes les cuesta Dios y ayuda salir a la calle para protestar, pero tenían argumentos sobrados para pensar lo contrario. El año pasado se manifestaron más de 11.000 personas para exigir respeto al Gobierno central y para que saldara la deuda histórica que mantiene con la provincia en materia de infraestructuras. Las movilizaciones de la primera década del siglo para reclamar el nuevo hospital fueron también históricas. No solo eso, calibraron mal el efecto que tal decisión provocaría en otras organizaciones, como Cáritas (católica), que no dudó en rechazar su subvención si al resto se la negaban, o como Unicef, que amenazó con retirar el sello a Burgos de ciudad amiga de la infancia. Tampoco vieron venir que los empresarios, en época de escasez de mano de obra, necesitan a los extranjeros como el comer para trabajar en sus negocios. Y, por supuesto, no contaron con la reacción mediática -sobre todo de este periódico- tanto en Burgos como en el resto de España ante un planteamiento que atenta contra las normas de convivencia que los habitantes de esta ciudad se han dado, entre las que sobresale el acogimiento y ayuda sin condiciones a quienes lo necesitan. 

Solo cuando la bola se había hecho enorme e iba a impactar de lleno sobre la imagen del equipo de Gobierno y en concreto sobre la de los populares, Ayala salió a escena para rectificar. Tarde ya. Porque un partido que asegura que no comulga con la idea de Vox de dejar fuera de las ayudas públicas a las ONG que trabajan con inmigrantes debería haberse opuesto a la primera. Ya lo hizo el Gobierno de Mañueco con los menas. Si tan convencidos estaban los populares burgaleses de que el planteamiento de sus socios era inasumible, deberían haberse negado en redondo desde el minuto uno. Solo tenían que mirar el resultado de mayo de 2023 para darse cuenta de que un partido que representa al 12% de la ciudadanía no puede obligar al otro 88% a asumir unos postulados que se pasan los derechos humanos por el forro.