El 6 de diciembre de 1978, los españoles votaron y dieron el sí a nuestra Constitución, la que hoy celebramos. Ese texto, que debería estar en todas las casas junto a El Quijote, recoge las normas que rigen nuestra convivencia y los derechos y libertades que debemos garantizar para todos.

Quiero destacar el tratamiento que se da a la cultura, la libertad de expresión y la censura. Desde el preámbulo, la Constitución establece que los poderes públicos deben promover y facilitar el acceso a la cultura en todos los sectores sociales. Esto incluye, de forma específica, a los jóvenes, a quienes se les garantiza una participación libre y eficaz, y a la tercera edad.

Sin embargo, cabe preguntarse si estas medidas se reflejan realmente en iniciativas como el bono cultural de 400 euros para los que cumplen 18 años o en la reducción del precio de la entrada a los museos estatales. Aunque existen herramientas como el carné joven o el descuento para mayores de 60, en muchos casos estos descuentos son asumidos voluntariamente por empresas privadas y no por los poderes públicos, como dicta la Constitución.

En cuanto a la libertad de expresión, el artículo 20 debería ser una lectura obligatoria. Este reconoce y protege el derecho a «expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Además, salvaguarda de manera específica la creación literaria, artística, científica y técnica, prohibiendo cualquier tipo de censura previa.

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir que estos derechos se respeten, evitando que se politicen o se utilicen como herramientas electorales. En otras partes del mundo, artistas, periodistas y pensadores han perdido la vida o son amenazados por ejercer estos mismos derechos que nuestra Constitución garantiza. Su lucha nos recuerda que la libertad de expresión y el acceso a la cultura son conquistas que debemos proteger, no dar por sentadas.