Europa sabe de qué va el rollo de las infraestructuras. Y lo cuenta con pelos y señales. Para que todos lo entiendan, sobre todo nuestros políticos. Cuando los burgaleses reclaman un AVE a Vitoria no lo hacen solo porque deseen -legítimamente- ahorrarse unos minutos de viaje a la capital alavesa. Qué va. Lo hacen porque saben que disponer de esa línea ofrece más opciones de futuro a esta tierra. Y tanto. La UE le ha puesto números en un estudio publicado esta semana por Diario de Burgos. Un 4,5 crecerá la economía burgalesa cuando dicho tren funcione, pasando el PIB de unos 10.500 millones a casi 11.000. Menudo subidón. Pues esta pasta, unida a la que traerían consigo la reapertura del Directo o la finalización de las autovías, es la que se juega esta provincia cada vez que el Gobierno central elabora sus presupuestos anuales. Y la mayor parte de los años -por supuesto el que viene- ya empieza con desventaja respecto a otras regiones. Sí, porque este Ejecutivo -ojo, también lo hizo el PP cuando lo necesitó- ha pactado su continuidad en el poder con partidos políticos que no creen -más bien abominan- en la solidaridad entre territorios y reclaman para sus ciudadanos lo que niegan al resto.

Son los inconvenientes de nacer en Comunidades autónomas que se sienten muy a gusto dentro de España. De esas en las que, como corderitos, votamos a los partidos denominados constitucionalistas, de los que velan por el interés común, pero después no tienen empacho alguno en llegar a acuerdos con formaciones políticas que solo miran por el bien propio. A las que prometen el oro y el moro. Y se lo entregan. Con lo que la desigualdad entre regiones y provincias, en lugar de menguar, aumenta. Es una lástima que el sistema español no obligue a nuestros representantes en las Cortes generales a rendir cuentas de manera permanente ante su electorado directo. Diputados y senadores deberían abrir una oficina -al estilo del Reino Unido- en la que reciban a los ciudadanos que les votan -o no- para recoger sus quejas, sus reivindicaciones. Y si no cumplen con un porcentaje mínimo de sus promesas, queden inhabilitados automáticamente para volver a formar parte de una lista.