El año se despide con promesa de más de lo mismo: la perseverancia de algunos en el emporcado de la Justicia, una estrategia de perdedores amorales para dañado del sistema y, sin lugar a duda, para perjuicio del ciudadano inerme.
Esta estrategia de devaluación democrática fue impulsada hace décadas por los think tank del entorno neocon norteamericano. En España la derecha ha cultivado con mimo esta táctica entrista de utilización del poder judicial, que ha pasado del viejuno control de algunos jueces en puestos de las cúpulas del CGPJ y altos tribunales, a directamente diseñar y ejecutar campañas de acoso y derribo político por medios judiciales.
Solo gentes de muy bajo compromiso democrático -el pasado y la nostalgia pesan sobremanera- pueden creer que existe algún tipo de elemento de veracidad en las pseudocausas contra la esposa y hermano del presidente del Gobierno. Como igualmente sucede en el absurdo encausamiento del Fiscal General del Estado, así sucedió con la sucia persecución contra Podemos, o el vergonzoso linchamiento judicial de Mónica Oltra. También ha quedado demostrada la falsedad de los ERE de Andalucía. Todo es nada, vaciedad, humo, ruido. A los intereses momentáneos de una campaña de desprestigio, las acusaciones, tantas veces ridículas, nimias, son jaleadas por medios de comunicación intoxicadores, controlados directamente por el partido que gobierna la Junta, la Comunidad, la Diputación… mediante ayudas, subvenciones directas, pues han atado su supervivencia a la mano que les da de comer, y que dicta qué publicar.
Hay, evidentemente, una cuestión de ritmos. Pero también de controles. Es evidente que el juez Peinado está actuando fuera de todo principio jurídico básico. Igualmente, que no se debería permitir que la acusación popular fuera ejercida por organizaciones ultras vesánicas que denuncian sin mayor base que unos recortes de pseudomedios interesados. Entretanto, ¿qué hace el CGPJ? Porque la gran paradoja del sistema de equilibrios constitucionales es que el poder judicial no parece responder ante nadie y, de momento, no actúa para acabar con estos esperpentos, salvo cuando el daño ha sido tan gravoso y alejado en el tiempo que sus resoluciones apenas tienen valor reparativo.
¿Qué le queda al ciudadano estupefacto que contempla la degradación de la Justicia? ¿Acudir a la OCDE para que emita un informe sobre la calidad democrática de la Justicia en España? Quien apoye este juego, trabaja desde la deslealtad constitucional en pro del autoritarismo.
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