Escuchando lo ocurrido con la filtración de la declaración ante el juez de instrucción de Elisa Mouliaá he tenido la impresión de asistir a algo ya vivido, de haber sufrido un déjà vu, que dicen los franceses. El tono del interrogatorio del juez Carretero en 2025 me trasladó a 2001, cuando el fiscal García Ancos le decía a la exconcejala del Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández aquello de que ella no era una cajera de Hipercor que si le tocan el culo se tiene que aguantar porque es el pan de sus hijos y otras lindezas que destilaban machismo y prejuicios que, al parecer, algunos profesionales de la justicia en España siguen sin superar después de más de dos décadas y numerosos cambios sociales en cuestión de género.

En su día, el interrogatorio del fiscal a esta víctima de acoso sexual despertó tal indignación que costó su sustitución en la causa. Tampoco ha dejado indiferente en esta ocasión ya que en el CGPJ se han recibido miles de quejas y denuncias por este asunto que han llevado al órgano de gobierno del Poder Judicial a estudiar la posibilidad de abrir un expediente disciplinario a Carretero. 

El juez defiende su actuación diciendo que las declaraciones judiciales están para indagar y buscar las contradicciones y que usó palabras groseras, que se extraña que escandalicen tanto en el siglo XXI, porque eran las que venían en la propia denuncia. Lo que el juez no alcanza a entender es que nadie protesta por eso. Cualquiera entiende el tipo de preguntas que deben hacerse para esclarecer un presunto abuso sexual, lo que no se comprende es que tengan que formularse en el tono que él empleó, irrespetuoso, agresivo, rayando la intimidación, sin dejar explicarse a la presunta víctima y lanzando conjeturas de todo tipo cuestionando el testimonio de la actriz. Él ya tiene su veredicto y no le vale otra cosa, o eso es lo que parece. 

En cualquier caso, la revictimización que suponen actitudes como la suya va en contra de todo lo que se ha trabajado para conseguir que las mujeres denunciemos los abusos de este tipo que se producen y que, en su mayoría, no llegan al sistema judicial y no me extraña si este es el trato que podemos recibir. El CGPJ haría bien en revisar y reforzar la formación, actualmente voluntaria, que proporciona a sus profesionales en materia de perspectiva de género porque deja mucho que desear.