El chiringuito, con sus once resonantes letras gracias a la masiva e inusual presencia de la 'i', es el término que más se ajusta a la manera de funcionar de  la sociedad de Aguas. Pero no se equivoquen, queridos lectores, la impunidad con la que actúa en casi todos sus frentes nada tiene que ver con su condición de empresa, de empresa pública, por supuesto. Cuando se trataba de un servicio municipal, incardinado  formalmente en la estructura del Ayuntamiento, no había político que pusiera orden. ¿O acaso no se acuerdan de cuando el ínclito José Carracedo manejaba a su antojo los resortes de la contratación del personal o de repente y a su antojo transformaba en fijos a una buena ristra de trabajadores eventuales?  

Con su conversión en una compañía de capital público en 2013 las cosas no han cambiado demasiado. No hay más que hacer un repaso a la historia del 'tasazo'. La sociedad iba a entrar en pérdidas, predecía su gerente como pájaro de mal agüero.  ¡Nanay de la china! El pasado ejercicio cerró con beneficios, o saldo positivo, como le gusta decir al concejal del ramo, Fernando Martínez-Acitores. Iban a realizar numerosas inversiones para mejorar el servicio a los burgaleses, pero pocas noticias de ellas hubo en 2023 a tenor de sus cuentas. Y para remate los gastos de personal se han disparado, porque el año pasado la gerencia decidió impulsar un cambio masivo de categoría a la mayoría de los empleados que se ha traducido en un incremento del 20% de sus retribuciones. ¿Pero a qué funcionario municipal le han subido el sueldo en ese grado el último año? Ni en los últimos diez. ¿O a qué trabajador de cualquier empresa privada?

Lo que ocurre es que la empresa Aguas de Burgos juega con una ventaja sobre cualquier otra compañía: tiene una clientela fija, que no va a perder nunca porque opera en régimen de monopolio. De manera que cualquier contratiempo o cualquier decisión de aumentar la masa salarial de su plantilla se arregla con subir el precio del líquido elemento a los burgaleses. Ayala ya paralizó la contratación, por 50.000 euros, de un jefe de comunicación en la sociedad. Bien. Pero la intervención política debe ser mucho mayor.